El convicto Carlos Manuel Estefano Pino, sospechoso del asesinato de la enfermera Jennifer M. Torres Castro, fue excarcerlado en la mañana de este martes de la cárcel de Bayamón y trasladado al Instituto de Ciencias Forenses (ICF) para tomarle muestras de ácido desoxirribonucleico (ADN), como parte de un trámite investigativo tras el cual fue reingresado a prisión.

Así lo confirmó a El Nuevo Día el coronel Manuel de Jesús Treskow, superintendente auxiliar de investigaciones criminales de la Policía de Puerto Rico.

“Fue excarcelado y lo llevaron a Ciencias Forenses para tomarle unas muestras de ADN mediante una orden de allanamiento de un juez”, indicó De Jesús Treskow.

El coronel no precisó, de momento, cuánto tiempo podrían tardar los resultados de los análisis.

El lunes, De Jesús Treskow había anticipado, en conferencia de prensa, que la Policía llevaría a cabo allanamientos como parte de la investigación por el asesinato de Torres Castro, de 36 años y madre de dos menores, en Caguas.

Hasta las 3:00 p.m. de este martes, la Policía no había allanado el apartamento del convicto en Gurabo. Este medio visitó la propiedad y, de acuerdo con sus dueños, la vivienda de Estefano Pino no había sido abierta desde el martes, 23 de junio, cuando fue visto por última vez en el lugar.

“La Fiscalía de Caguas se está asegurando de tener todos los elementos para la radicación de cargos”, sostuvo De Jesús Treskow en ese momento. “Tan pronto hagamos los allanamientos, la fiscalía estaría en posición para radicar los casos”.

Ante la pregunta sobre si radicarán cargos contra el hombre detenido la semana pasada, el coronel manifestó que “tan pronto la Fiscalía lo decida, así esperamos que sea”.

Según la Uniformada, la muerte de la enfermera fue clasificada como asesinato luego de la evaluación del ICF, que encontró que la víctima presentaba hematomas en el rostro. Inicialmente, el caso fue reportado como una muerte “sin causa determinada”.

Los hechos ocurrieron el 24 de junio en una residencia ubicada en el barrio Río Cañas, sector Quebrada Arenas, en Caguas, donde fue hallado el cuerpo sin vida de Torres Castro, quien era madre de dos niñas de 10 y 12 años.

Estefano Pino fue detenido la semana pasada en Barceloneta por personal del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), luego de ser identificado como persona de interés en la investigación por la muerte de Torres Castro.

Estefano Pino había sido liberado en 2018 por la Junta de Libertad Bajo Palabra (JLBP), cuando aún le restaban 85 años de sentencia por el asesinato de Myrna Báez Valle, una joven de 22 años, ocurrido en 1990.

El presidente de la JLBP, Samuel Silva Rosas, compartió el miércoles pasado con El Nuevo Día que habían ordenado el arresto del hombre tras ser “sospechoso de un asesinato”, a pesar de que cumplía con el plan de ajustes, iba a sus vistas anuales y no se había presentado ninguna querella en su contra.

En un comunicado emitido este martes, la JLBP sostuvo que la composición actual de la Junta no fue la que concedió originalmente el privilegio de libertad bajo palabra a Estefano Pino.

No obstante, indicó que, tras una revisión posterior del expediente administrativo, surgía información que reflejaba el cumplimiento de los criterios objetivos aplicables para la continuidad del privilegio.

La Junta también reiteró que la libertad bajo palabra “no extingue la sentencia impuesta por un tribunal”, sino que constituye un privilegio sujeto al cumplimiento de condiciones específicas, supervisión continua del DCR y una posible revocación.

Además, la JLBP sostuvo que no emitirá juicios sobre hechos que corresponden a las autoridades investigativas, pero afirmó que este y otros casos reflejan la importancia de evaluar posibles enmiendas a la legislación vigente para fortalecer el proceso de evaluación de candidatos a libertad bajo palabra, incluyendo herramientas adicionales para valorar el riesgo y proteger la seguridad pública.

Desde 2025, la Junta ha concedido 166 privilegios de libertad bajo palabra, de los cuales 71 —equivalentes al 42.8%— corresponden a personas condenadas por asesinato en cualquiera de sus modalidades, según el comunicado.

La periodista Adriana Díaz Tirado colaboró en esta historia.

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