Un gran jurado emitió un pliego contra 17 personas acusadas de utilizar el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín y el Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) para transportar cocaína desde Puerto Rico hacia distintos destinos en Estados Unidos.

El jefe interino de la Fiscalía federal en Puerto Rico, Héctor Ramírez Carbó, indicó, en declaraciones escritas, que el pliego radicado el 1 de septiembre sostien que desde noviembre de 2022 los imputados conspiraron para poseer con intención de distribuir y/o distribuir cinco kilogramos o más de cocaína con fines de lucro.

La investigación estuvo a cargo de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), con la colaboración de la Administración de Control de Drogas (DEA) y del Negociado Federal de Investigaciones (FBI).

Según los hallazgos de la pesquisa, la droga era transportada mediante vuelos desde el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín y también mediante envíos por el Servicio Postal.

Los imputados fueron identificados como Francisco J. Sánchez Roque, conocido como “Chuleta”; John O. Espinal Zorrilla, conocido como “Taker”; Humberto Mercedes Ruiz, conocido como “Brujo”; Michael J. Camacho Rodríguez, conocido como “Tiza” y “Chuky”; Emanuel Miranda Calvo, conocido como “Shelby”; y Kidanny J. Maysonet Morales, conocido como “KJ”, “Kid” y “Kajoota”.

También fueron acusados Luis D. Ramos Ortiz, conocido como “PO” y “Podri”; Thalia González van Tull; Wilfredo Maldonado de Jesús, conocido como “Marzan”; Héctor I. López Franceschi, conocido como “Ivancito” y “Ricitos”; Johhy J. Figueroa Mangual, conocido como “Jotta Jotta”; Erika M. Fernández Miranda; Christian J. Rivera Caraballo; Victor Pérez Medina; Bryan A. Serrano Pérez; Héctor R. Ortiz Torres; y Jeremy Torres Charbonier.

El agente especial interino a cargo de HSI en Puerto Rico, Yariel Ramos, advirtió sobre el uso de aeropuertos y sistemas postales para el transporte de sustancias controladas y afirmó que las agencias federales continuarán trabajando para identificar y desarticular este tipo de operaciones.

De ser declarados culpables, los imputados enfrentan una pena mínima de 10 años de prisión y hasta cadena perpetua.

La fiscal federal auxiliar y jefa de la Unidad de Crimen Organizado Transnacional, María L. Montañez Concepción, está a cargo del procesamiento del caso.