Un hombre se declaró culpable este jueves en el Tribunal federal por violar la Ley de Agua Limpia tras realizar trabajos de construcción y rellenos sin autorización en una propiedad del sector Las Mareas, en Salinas.

El acuerdo fue confirmado, en declaraciones escritas, por el jefe de la Fiscalía federal, William Stephen Muldrow, y el subprocurador general Adam Gustafson, de la División de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Departamento de Justicia federal.

Según documentos judiciales, Orlando Rivera Alejandro colocó material de relleno en la laguna Mar Negro, dentro de la Reserva Nacional de Investigación Estuarina de la Bahía de Jobos (JBNERR).

La Fiscalía federal reveló que, entre enero de 2020 y marzo de 2022, Rivera Alejandro construyó múltiples estructuras sobre el área rellenada, incluyendo un gazebo y una rampa de bote de concreto.

También construyó un muelle y colocó numerosos postes de PVC rellenos de concreto dentro de la laguna Mar Negro, descargando concreto directamente en el área durante la construcción, según el comunicado de prensa.

Rivera Alejandro no solicitó ni recibió autorización para rellenar el área ni para realizar construcciones en la laguna. A tales fines, la Fiscalía precisó que el acusado en ningún momento tuvo permiso para hacerlo.

El acuerdo de culpabilidad sostiene que Rivera Alejandro tendrá que pagar una multa de $50,000 y remover todas las estructuras y modificaciones en la propiedad.

Además, Rivera Alejandro se comprometió a restaurar el área afectada y reparar el daño ambiental causado con el fin de devolver el lugar a su estado natural.

La vista de sentencia de Rivera Alejandro será el 1 de septiembre.

La Bahía de Jobos fue designada como reserva en 1981 para proteger los humedales y estudiar los impactos biológicos del hábitat, además de ofrecer oportunidades recreativas y educativas a las comunidades.

La reserva alberga especies en peligro de extinción como el pelícano pardo, el halcón peregrino, la tortuga carey y el manatí antillano.

Mientras, el Congreso federal aprobó la Ley de Agua Limpia en 1972 para proteger y mantener la integridad de las aguas de los Estados Unidos. El estatuto prohíbe la descarga de contaminantes y materiales de relleno en aguas del país, excepto cuando se obtiene un permiso.

Este caso forma parte de una investigación en curso sobre la destrucción de humedales en Puerto Rico.

Entre las personas previamente sentenciadas se encuentran Luis Enrique Rodríguez Sánchez, condenado en junio de 2024; Awildo Jiménez Mercado, Rafael Carballo Díaz y Nathaniel Hernández Claudio, sentenciados en septiembre de 2024; y Pedro Luis Bones Torres, condenado en marzo de 2025.

El caso fue investigado por la División de Investigación Criminal de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) y el Negociado Federal de Investigaciones (FBI), agencias que participan en el Grupo de Trabajo sobre Delitos Ambientales de Puerto Rico y las Islas Vírgenes.

El caso está siendo procesado por el fiscal principal Patrick M. Duggan, de la Sección de Delitos Ambientales de la ENRD, y el fiscal federal adjunto Seth A. Erbe.