Por primera vez desde que estalló la controversia, la exgobernadora Wanda Vázquez Garced se expresó este miércoles y calificó como “completamente falso” que esté solicitando la restitución del servicio de escoltas por parte de la Policía de Puerto Rico.

En declaraciones a El Nuevo Día, la exprimera ejecutiva del país indicó que tan reciente como el 8 de mayo remitió una comunicación a la Uniformada en la que dejó claro que renunció al servicio de seguridad al que tienen derecho todos los exgobernadores en la isla.

Las expresiones surgieron luego que el superintendente Joseph González afirmara en entrevista radial que la exgobernadora notificó a la agencia, en un momento dado, su intención de recurrir a los tribunales para impugnar la decisión y solicitar el restablecimiento.

“Recibimos una reconsideración. De igual manera, se negó”, dijo González. “Durante ese proceso, recibimos una comunicación que decía que no le interesaba la reconsideración porque iba a los tribunales”, agregó, en una entrevista en el programa “Pegao’s en la mañana” de Radio Isla 1320.

Ante estas declaraciones del jefe de la Policía, Vázquez Garced aclaró, entre otras cosas, que no asistirá a ningún foro adicional, entre ellos los tribunales, para que no se convierta en una “distracción pública” de los asuntos realmente importantes del gobierno.

“Es completamente falso decir que estoy solicitando o que estaré solicitando la restitución del servicio de escoltas por parte de la Policía de Puerto Rico. Tal y como claramente expresa la comunicación emitida el pasado 8 de mayo de 2026, específicamente en su página 12, renuncié expresamente a dicho servicio de seguridad y manifesté de forma categórica que no estaré acudiendo a ningún foro posterior relacionado a este asunto para que no sea eje de distracción pública de los asuntos del gobierno verdaderamente importantes“, comentó Vázquez Garced.

En ese contexto, Vázquez Garced explicó que, en la carta dirigida al superintendente de la Policía —que contiene la firma de su esposo, el licenciado Jorge L. Díaz Reverón, como representante legal—, se esbozan y detallan las acciones contrarias a la ley mediante las cuales se removió el derecho al servicio de escoltas.

“En la carta dirigida al superintendente se detallaron, punto por punto, las acciones contrarias a la ley mediante las cuales se removió dicho derecho, entre ellas la falta de adecuada notificación e incluyendo el no haber entregado la opinión legal con la que alegadamente basaron su determinación”, añadió Vázquez Garced, quien también fungió como secretaria del Departamento de Justicia.

En el desglose, según dijo, queda plasmado como supuestamente no siguieron el proceso de ley e inclusive, detalla previas declaraciones del superintendente ante la Legislatura que luego han quedado en contradicción a su determinación.

“No obstante, y aun ante dichas circunstancias (que, basándonos en carácter legal, dejan sin efecto la determinación tomada) mi decisión fue renunciar al servicio de escoltas y poner punto final a esta situación. Por eso, decir lo contrario es una gran y mal intencionada mentira”, abundó la licenciada.

Como parte de sus declaraciones, expresó su intención de mantenerse alejada de la atención mediática y enfocada en su vida personal y familiar.

“Mi deseo (es) continuar llevando una vida privada, junto a mi familia y alejada de controversias para no servir como tema para distraer al pueblo de Puerto Rico de los asuntos importantes, apremiantes y verdaderamente alarmantes que enfrentamos. Hay otros asuntos más importantes en los que el superintendente debe preocuparse, Puerto Rico está inmerso en una incipiente ola criminal no vista en años, infames los asesinatos de mujeres entre otros asuntos”, afirmó.

En medio de la atención mediática, Vázquez Garced dejó claro su postura sobre la importancia de mantener el foco en los asuntos esenciales.

“La ciudadanía merece un debate honesto y enfocado en los temas que verdaderamente importan, no en controversias creadas para distraer la opinión pública. Agradecida siempre por el cariño que me demuestran miles de personas. Estas serán mis únicas expresiones al respecto”, puntualizó.

La controversia sobre las escoltas a la exgobernadora comenzó a tomar mayor auge a finales de agosto de 2025, cuando se declaró culpable ante la jueza de distrito Silvia Carreño Coll, del Tribunal federal, en Hato Rey, por un cargo: aceptar promesas de aportaciones de un extranjero para una campaña política.

No obstante, la exsecretaria de Justicia, junto al banquero Julio Herrera Velutini y al exagente federal Mark Rossini, quedó libre de consecuencias penales luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, les concediera un indulto presidencial.

Sin embargo, luego de una evaluación de la División Legal de la Policía, el 25 de septiembre de 2025, González Falcón informó que, según el marco jurídico vigente, el servicio de escoltas de los exgobernadores de Puerto Rico es un derecho adquirido, que ha sido reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

Posteriormente, el 17 de marzo de 2026, el superintendente de la Policía ordenó la eliminación de los servicios de escoltas. Entonces, el funcionario explicó que la gobernadora Jenniffer González Colón le solicitó dicha eliminación, tras recibir una opinión legal del Departamento de Justicia (DJ).

Esta última dependencia gubernamental reconoció la facultad de González Colón como autoridad nominadora, y el poder decisional del jefe de la Uniformada en este asunto.

“Desde que Wanda Vázquez fue acusada por actos de corrupción por el gobierno federal, el pueblo de Puerto Rico ha cuestionado la necesidad y la legalidad de que reciba servicios de escoltas. Ese cuestionamiento se convirtió en reclamo de que se les eliminaran las escoltas, inmediatamente trascendió que la licenciada había aceptado declararse culpable”, dijo González Falcón, en un parte de prensa.

Posteriormente, Vázquez Garced solicitó reconsideración, pero fue denegada.