La administración de Donald Trump no puede denegar a los inmigrantes detenidos en Estados Unidos la posibilidad de quedar en libertad bajo fianza, según dictaminó el jueves un tribunal federal de apelación.

La decisión, adoptada por 2 votos contra 1 por el Tribunal de Apelación del 9.º Circuito, con sede en San Francisco —en la que un juez nombrado por el presidente Donald Trump formó parte de la mayoría—, acentuó la división entre los tribunales federales de apelación con respecto a la política de detención obligatoria del Gobierno.

Otros cuatro tribunales de apelación también la han desestimado, mientras que el Quinto Circuito, en Nueva Orleans, y el Octavo Circuito, en San Luis, se han alineado con la administración Trump.

La creciente división entre los tribunales aumenta la probabilidad de que el Tribunal Supremo acabe ocupándose del asunto.

No se recibió respuesta a un correo electrónico enviado al Departamento de Seguridad Nacional para solicitar comentarios.

Bajo los gobiernos anteriores, a la mayoría de los no ciudadanos sin antecedentes penales que eran detenidos en el territorio de Estados Unidos se les permitía solicitar una audiencia de fianza mientras sus expedientes de inmigración estaban pendientes. Por lo general, la detención obligatoria se reservaba para las personas detenidas en la frontera.

Las autoridades de inmigración publicaron unas directrices el pasado mes de julio para ampliar la detención obligatoria a los inmigrantes que se encuentran en el interior del país. La medida —que forma parte de la campaña de deportaciones masivas del Gobierno— provocó una avalancha de demandas federales presentadas por inmigrantes que pretendían ser puestos en libertad.

Algunos jueces federales que ordenaron la celebración de audiencias de fianza arremetieron contra el Gobierno por incumplir repetidamente sus órdenes.

La administración Trump ha afirmado que el Congreso modificó la ley de inmigración en 1996 para permitir la detención obligatoria más allá de la frontera, pero que las administraciones anteriores no aplicaron esa disposición.

Al redactar la sentencia mayoritaria del jueves, el juez Daniel Bress, del 9.º Circuito, rechazó ese argumento.

“Aunque ninguna interpretación de las complejas y entrelazadas disposiciones legales que nos ocupan aquí está exenta de algunas deficiencias, la interpretación histórica de la ley es la más acertada”, escribió Bress, nombrado por Trump.

A él se sumó la jueza M. Margaret McKeown, nombrada por el presidente Bill Clinton.

El juez Carlos Bea, nombrado por el presidente George W. Bush, discrepó y afirmó que el texto y la finalidad de una enmienda aprobada por el Congreso en 1996 respaldan la interpretación de la Administración Trump.