Lo que sería una visita rutinaria al Centro Metropolitano de Detención (MDC, por sus siglas en inglés), en Guaynabo, terminó en un arresto federal, luego de que el sobrino de un confinado fuera arrestado por un insólito intento de contrabando en el penal.

Todo comenzó el domingo, 27 de junio, a las 12:22 p.m., cuando Jan Carlos Correa Tavárez ingresó a la prisión para visitar a su tío, el confinado Wesley Correa López, según la declaración jurada del agente del Negociado Federal de Investigaciones (FBI).

Al ingresar al centro penal, Correa Tavárez llevaba consigo la llave de su vehículo Toyota y su licencia de conducir. Sin embargo, todo cambió mientras se encontraba sentado en el área de visitas frente a su tío, en medio de la mesa con artículos comestibles.

“Durante la visita, Correa Tavárez introdujo la mano en la parte frontal de su pantalón y sacó un paquete negro. Luego, colocó dicho paquete dentro de una bolsa de papitas fritas y dejó la bolsa sobre la mesa, entre él y Correa López”, dice la declaración.

De acuerdo al agente del FBI, el momento quedó captado en las grabaciones de las cámaras de seguridad, las cuales captaron el momento en que Correa Tavárez aparece a la izquierda, con su mano derecha en su pantalón “extrayendo el paquete”.

“En otra imagen del video, se observa a Correa Tavárez colocando el paquete negro dentro de la bolsa de papitas fritas. A las 12:47 p.m., Correa López tomó la bolsa de papitas fritas que Correa Tavárez había colocado sobre la mesa y extrajo el paquete”, añadió.

La secuencia de eventos presuntamente continuó cuando se observa el paquete en la mano derecha de Correa López. Posteriormente, este intenta introducir el paquete en la parte frontal de su pantalón, mientras verifica la ubicación de los oficiales correccionales.

“Poco después de este intento, un oficial correccional observó que Correa López actuaba de manera sospechosa. El oficial informó a otro oficial, quien se acercó a Correa López, le solicitó ponerse de pie y lo condujo fuera del área de visitas", indicó.

“Al ponerse de pie, el paquete cayó de la mano de Correa López sobre la mesa. Un oficial recuperó un contenedor que se encontraba allí, el cual contenía el paquete”, agregó el agente en la denuncia, la cual revela que el paquete contenía 356 tiras de Suboxone.

En síntesis, el Suboxone es un medicamento recetado que combina buprenorfina y naloxona. Se utiliza como parte de un plan de tratamiento integral para el trastorno por uso de opioides, ayudando a manejar los síntomas de abstinencia y reducir los antojos.

De acuerdo al FBI, Correa Tavárez, en violación de las disposiciones aplicables, suministró Suboxone a un confinado de una prisión federal.

Con base en los hechos expuestos, el FBI indicó que existe causa probable para creer que Correa Tavárez cometió una violación del Título 18 del Código de los Estados Unidos, Sección 1791(a)(1) y (b)(3), por proveer o poseer contrabando en una prisión.

Tras la intervención dentro de la cárcel federal, los oficiales correccionales alertaron al FBI, cuyos agentes especiales se movilizaron a la institución. Tras coordinar con la Fiscalía Federal, Correa Tavárez fue arrestado y se presentó la denuncia ante la corte.

“La introducción de contrabando en un centro federal de detención constituye una grave violación que pone en riesgo la seguridad de la institución, de su personal y de las personas confinadas”, expresó el agente especial a cargo de la Oficina de Campo del FBI en San Juan, Carlos R. Goris, en comunicado de prensa.

“Estamos comprometidos a trabajar con nuestros socios federales para garantizar que quienes participen en actividades delictivas dentro del sistema penitenciario rindan cuentas por sus actos”, concluyó.

El caso es procesado por la Fiscalía Federal. No obstante, el FBI recordó que una denuncia criminal contiene solo alegaciones y que todo acusado se presume inocente hasta que se pruebe su culpabilidad más allá de duda razonable ante el Tribunal federal.

Cabe destacar que Correa López, tío del ahora acusado por intento de contrabando, fue acusado el 12 de diciembre de 2024 por un gran jurado federal.

El caso, independiente del anterior, incluye a 34 personas acusadas de conspirar para distribuir sustancias controladas dentro del sistema penitenciario del país, además de otros delitos, entre ellos cargos por cuatro muertes por sobredosis.

Según documentos judiciales, los acusados distribuían fentanilo, Suboxona, heroína, cocaína, marihuana y marihuana sintética dentro de algunas de las instituciones correccionales administradas por el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR).

La Fiscalía federal sostiene que miembros de la organización introducían las drogas en las cárceles mediante vehículos aéreos no tripulados (drones) que transportaban paquetes con el contrabando.

No obstante, este presuntamente no era el único método de entrada de las sustancias controladas, ya que también intentaban ingresar el contrabando por correo postal, mediante las visitas de sus familiares, sobornando a oficiales y hasta lanzando las drogas desde la calle hacia los patios de las prisiones.

Además, ocultaban drogas dentro de otros objetos introducidos en las cárceles, por ejemplo, PlayStations, controles remotos, alimentos y bolsas de hielo.

De acuerdo a las autoridades federales, muchos de los arrestados formaban parte de una pandilla carcelaria conocida como Grupo 31 o “Los Tiburones”, que estableció y mantuvo el control de la distribución de cantidades significativas de sustancias ilegales.

Entre los penales se encuentran la Institución Correccional Guerrero, Aguadilla; Complejo Correccional Las Cucharas, en Ponce; Bayamón (501); y la Institución Correccional Guayama Máxima Seguridad (1000).

“La actividad de las pandillas representa un grave riesgo de daño para nuestras comunidades y dentro de las instituciones correccionales”, declaró William Stephen Muldrow, jefe de la Fiscalía federal en la isla, cuando dio a conocer los detalles del operativo, donde también fue arrestado Jensen Medina Cardona.

Este último fue sentenciado a 129 años de prisión por el crimen de Arellys Mercado Ríos, de 34 años, ocurrido el 18 de agosto de 2019 tras una disputa por un celular en Villa Marina Boulevard, en Fajardo.