


Apenas seis días después de aprobada y firmada la Ley 82-2026, el representante Georgie Navarro, autor e impulsor público de la medida, presentó el Proyecto de la Cámara 1286 para enmendar el propio estatuto que defendió. La iniciativa busca eliminar el carácter automático y obligatorio de la fianza del 10% del valor del proyecto que se procure impugnar, devolver al Tribunal de Primera Instancia la discreción para fijarla, y obligar al juzgador a considerar los recursos económicos del peticionario, la naturaleza de los daños alegados y los efectos económicos de la paralización.

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