Tras declarar que la renuncia de Sebastián Negrón Reichard a la secretaría del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) es una “pérdida”, el alcalde de San Juan, Miguel Romero, opinó este jueves que los referidos hechos por el ahora exfuncionario por supuestos actos ilegales en la agencia deben investigarse para no afectar la “confianza” del pueblo en sus instituciones.

“No era mi supervisado, pero sí tenía una relación de trabajo con él. Me parece que es una pérdida. Primero, porque estaba capitaneando esfuerzos importantes, como el de ‘reshoring’. También, estaba capitaneando el proceso de la nueva ley de permisos, que es un tema controversial. Y mi impresión era que lo estaba haciendo bien, porque había apertura”, dijo Romero.

“Hizo unos referidos a unas entidades de orden público. Me parece que fue a Justicia, a la Oficina de Ética Gubernamental, que deben tener el espacio, pero, en esas cosas hay, que ser rápidos. Recopilar la evidencia que haya, citar los testigos directamente, rápido, porque habla de la transparencia que tiene que haber en el gobierno, y (…) no podemos permitir que el pueblo, que la ciudadanía, continúe perdiendo fe en la integridad de las instituciones”, abundó.

Al anunciar su renuncia, con carácter inmediato, Negrón Reichard dejó entrever que La Fortaleza ordenó la revocación de la suspensión sumaria de Norberto Almodóvar, exjefe de la Oficina de Gerencia de Permisos, y la jefa de Personal de esa dependencia, Charlene Neuman.

Previo a su salida, Negrón Reichard ordenó, el 18 de mayo, la suspensión sumaria de los puestos de carrera que Almodóvar y Neuman ocupan en el DDEC, luego de una investigación interna realizada por el bufete HRML, LLC, y que apunta a presuntas presiones indebidas, represalias contra una empleada denunciante y obstrucción del proceso investigativo en torno a un proceso competitivo para contratar servicios de publicidad y que serían costeados con fondos federales.

Negrón Reichard refirió los hallazgos al Departamento de Justicia, la Oficina de la Contralora y la Oficina de Ética Gubernamental por posibles violaciones al Código Penal, leyes anticorrupción y reglamentos federales y administrativos.

“No puede haber una percepción generalizada de accesos privilegiados de absolutamente nadie. Así que, si ahí hay unas alegaciones, yo las desconozco. A lo mejor, no son ciertas tampoco. Por eso es que pido que haya un proceso investigativo que sea rápido y que sea transparente. Y eso es lo que le devuelve a la ciudadanía, primero, lo más importante, confianza. Si la ciudadanía confía en el gobierno, es bueno”, recalcó Romero.

De otra parte, y luego de anticipar que mañana, viernes, presentará una demanda contra la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) por los problemas constantes en la capital con el suministro de agua potable, Romero dijo que optó por la vía legal porque vio “indiferencia deliberada” a sus denuncias.

El alcalde lleva meses denunciado que varias comunidades sanjuaneras están si agua y lo ha atribuido a un problema gerencial de la AAA. Romero mantiene contratado en el Municipio a Roberto Martínez, exdirector de la Región Metro de la AAA, y ha ofrecido que le permitan actuar en la corporación pública y “resolver” los problemas, pero no ha sido escuchado.

“Realmente, yo no le puedo pedir a la gente de San Juan que sea más paciente”, sentenció.

José Rivera Ortiz fue ubicado como director de la Región Metro, pero Romero insiste en que no ha resuelto la situación. Opinó que Rivera Ortiz debe regresar a dirigir la Región Norte, donde estaba antes. Asimismo, dijo que el presidente ejecutivo de la AAA, Luis González, debe ser removido del cargo. “Yo lo hubiese sacado ya”, aseveró.

La gobernadora Jenniffer González ha manifestado su confianza en González y ha atribuido las quejas a problemas de infraestructura, que se están atendiendo.

“Puedo pensar, verdad, porque no estoy presente en las comunicaciones que ellos tienen, que le dan información incorrecta”, dijo Romero, cuando se le preguntó si La Fortaleza lo desoye.