El exsecretario de Justicia y contratista del gobierno Antonio Sagardía autorizó este martes al secretario de Hacienda, Ángel Pantoja, a entregar su información contributiva al Senado, en cumplimiento con la orden del Tribunal de Apelaciones que validó la facultad fiscalizadora del cuerpo legislativo.

“Autoricé, desde anoche, por carta legal, la entrega de la información. Lo autoricé a base de lo que dice la sentencia del Apelativo”, confirmó Sagardía.

La autorización no incluye la entrega de declaraciones informativas “ni de dato alguno que la sentencia excluyó del alcance del requerimiento legislativo”, indicó, en expresiones escritas, el representante legal de Sagardía, el licenciado Rodrigo Fernández.

“La autorización se ciñe exclusivamente al alcance que la propia sentencia determinó –las contestaciones a las cuatro categorías identificadas en sus páginas 6 y 19– y reserva expresamente todos los planteamientos constitucionales del contribuyente”, agregó Fernández.

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, le había concedido ayer, lunes, a Pantoja un “plazo final e improrrogable” de 24 horas para que entregara los documentos relacionados con la información contributiva de Sagardía, advirtiéndole que, de no hacerlo, recurriría al tribunal para que lo hallara en desacato.

En expresiones escritas, el secretario de Hacienda confirmó que cumplirá con el mandato. “En este caso, tal y como requiere la ley, el contribuyente ha notificado por escrito su autorización expresa a la divulgación de la información contributiva solicitada. En virtud de ello, durante el día de hoy, el Departamento de Hacienda procederá a entregar la información solicitada”, dijo Pantoja.

A través de una publicación en sus redes sociales, Pantoja defendió, además, el proceder de la agencia, al procurar, en el ejercicio de sus funciones, la confidencialidad de la información de los contribuyentes y un “balance” entre las funciones de la agencia y las facultades de la Asamblea Legislativa.

La semana pasada, un panel del foro intermedio confirmó la decisión de la jueza Iris Cancio González, del Tribunal de San Juan, que ordenaba la entrega de los documentos. Hasta ahora, Sagardía se había opuesto a la orden por, supuestamente, haber sido dictada en violación del debido proceso de ley y porque excedía los límites constitucionales del poder investigativo legislativo.

La postura del Ejecutivo, de otra parte, había sido objetar la entrega de los datos, amparado en que hacerlo vulneraría derechos de terceros y revelaría información de carácter confidencial y constitucionalmente protegida.

En su orden, sin embargo, Cancio González validó la facultad constitucional del Senado y estableció que la información solicitada se limitaba a conocer si Sagardía preparó formularios W-2 o 480 y, de contestarse en la afirmativa, identificar a nombre de quién se expidieron.

Los señalamientos contra Sagardía –y que indaga el Senado– apuntan a que el extitular de Justicia habría subcontratado con terceros los servicios para los que fue contratado por el gobierno. El Senado busca conocer si dichas transacciones ocurrieron, si estarían permitidas por el acuerdo y si constan en su información contributiva.