La falta de comunicación y de sistemas que permitan la conectividad tecnológica de las agencias gubernamentales ha sido un factor clave para la inexistencia de una respuesta efectiva e integrada del Estado en la prevención y atención de algunas de las denuncias de maltrato infantil.

Ese fue el consenso entre los participantes este jueves de una reunión convocada por la vicepresidenta del Senado, Marissa Jiménez, para atender la crisis de maltrato a menores en el país, expuesta con más crudeza desde que empezó el año a la luz de varios casos.

“Lo principal es la comunicación entre las agencias y que haya acciones contra cada empleado que no haga su trabajo”, aseveró Jiménez. “(Los departamentos de) Educación y (de la) Familia han logrado crear un vínculo, pero se tienen que integrar otras agencias que son vitales para atender estas denuncias, buscando que la última opción sea la remoción de los niños”.

En la reunión, celebrada en el Edificio Luis A. Ferré del Senado, participaron, además de otros legisladores, el secretario del Departamento de Salud, Víctor Ramos Otero; y la jefa de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción, Catherine Oliver. Otros jefes de agencias, como Vivienda y Educación, enviaron representantes.

“Todas las agencias tienen el mejor deseo de unirse para hacer lo que hay que hacer, es cuestión de comunicación y de alinear los procesos. La ley es clara, pero las agencias necesitan reforzar sus procesos para que se cumpla con lo que ya está establecido”, apuntó la senadora Wanda Soto.

También, hubo consenso en la necesidad de reforzar la detección temprana de señales de riesgo y fortalecer el acompañamiento a las familias intervenidas.

La subsecretaria de Asuntos Académicos y Programáticos del Departamento de Educación, Beverly Morro Vega, indicó que el Registro del Bienestar Integral de la agencia refleja que, para el año académico en curso, se han recibido 1,386 referidos por maltrato, 305 de los cuales han sido confirmados y se están trabajando junto con el Departamento de la Familia.

Estas cifras, agregó, reflejan un alza respecto al año académico previo, cuando se registraron 1,160 casos de posible maltrato, de los cuales 192 tuvieron mérito.

Dijo que, en agosto, el secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés, ordenó la unificación, en un solo documento, de los protocolos de la agencia en vías a procurar una aplicación efectiva. El manual incluye las guías para atender situaciones de emergencia y las denuncias de negligencia y maltrato, así como indicadores de observación para guiar al personal escolar “no capacitado”.

“Puedo decir que se están llevando a cabo las investigaciones y se ha sido claro en que se van a tomar las sanciones, conforme a reglamento, que sean necesarias si el personal (de Educación) no ha cumplido”, expuso Morro Vega.

“La Ley 57 de 2023 le aplica a todos y una enmienda sustantiva que el honorable cuerpo implantó en esta ley es que todos son responsables de reportar en el momento que observan, ven o advienen en conocimiento”, expuso, en referencia a la “Ley para la Prevención del Maltrato, Preservación de la Unidad Familiar y para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores”.

Ramos Otero coincidió en la urgencia de lograr conectividad interagencial, y aseguró que el asunto se resolverá con la aplicación de la “Ley del Expediente Digital Único” (Ley 6-2025). “Eso va a ser bien bueno para que los expedientes no se pierdan; ahí van a estar los expedientes de Salud, Familia, Educación y Rehabilitación Vocacional”, sostuvo.

Añadió que Salud ya cuenta con fondos asignados para digitalizar los expedientes físicos del programa “Madres, Niños y Adolescentes”. Confía en que la ley comience a aplicarse antes del verano. “La gobernadora (Jenniffer González) identificó el problema principal, que es que no estamos coordinados y, por eso, ese expediente va a ayudar a que todo el mundo tenga la visibilidad de lo que se está haciendo”, apuntó.

En un intercambio con la prensa, Ramos Otero indicó que datos del Instituto de Estadísticas –actualizados en diciembre– reflejan que la tasa de maltrato infantil en algunos municipios de la zona este alcanza el 30%, como es el caso de Ceiba, con 31.8%. En Guayama, la tasa fue de 20.6% y, en Humacao, de 23.3%.

“No es raro que hayan ocurrido los casos en el este, porque es donde están la mayoría”, señaló, al anticipar el inicio de un proyecto de piloto en la zona, junto con el tercer sector, a través del programa de “Menores, Niños y Adolescentes”.

Los recientes casos de violencia infantil que han trascendido públicamente se han registrado en Canóvanas, Loíza, Humacao y Gurabo, al igual que en Toa Baja e Isabela.