De no corregirse antes de diciembre próximo los problemas que afectan el procesamiento de facturas y otras operaciones financieras del gobierno, la Administración de Servicios Generales (ASG) podría enfrentar dificultades para garantizar los fondos destinados a cubrir servicios esenciales, entre ellos el suministro de gasolina.

La situación podría comprometer la capacidad operacional de las flotas vehiculares de la Policía, el sistema correccional y el Cuerpo de Bomberos, así como de los departamentos de Salud y la Familia, cuyos vehículos dependen del suministro continuo de combustible para garantizar la prestación de servicios esenciales.

Así salió a relucir el jueves durante una vista pública de la Comisión de Relaciones Federales y Viabilización del Mandato del Pueblo de Puerto Rico para la Solución del Estatus del Senado, presidida por el vicepresidente senatorial Carmelo Ríos Santiago, en la que compareció la administradora de la ASG, Karla Mercado Rivera.

En la audiencia se abordaron las deficiencias de ÍntegraPR, el sistema financiero centralizado de Planificación de Recursos Empresariales (ERP), desarrollado con casi $100 millones en fondos desembolsados desde 2015 e implementado por la firma de contabilidad Deloitte Consulting LLP, con el programa Oracle.

Durante su ponencia, Mercado Rivera explicó que las fallas tienen un impacto que va más allá de la adquisición de combustible, pues afectan diversos procesos de compra y contratación de las agencias. Entre las áreas perjudicadas mencionó los pagos a los agricultores que suministran productos destinados a los comedores escolares.

“Las consecuencias de lo que ha sido la cofiguración del sistema se ha esparcido por todas las agencias, incluyendo la ASG. Hablando particularmente de nuestra experiencia, nosotros estamos hasta en riesgo de no poder pagar el combustible que utiliza el gobierno de Puerto Rico, incluyendo la Policía de Puerto Rico”, dijo.

Asimismo, añadió que “mi apreciación es que esto no solamente es un problema de implementación y es bien importante visibilizarlo para poder solucionarlo. Es un problema que se viene arrastrando desde 2020, que es de configuración, (o sea) cómo se configuraron los módulos de manera que respondieran a las operaciones del gobierno”.

Mercado Rivera entregó a la comisión senatorial varios documentos que detallan las configuraciones realizadas al sistema desde 2020, así como aquellas que fueron aprobadas y rechazadas por la ASG. La funcionaria también señaló que la agencia había advertido sobre las posibles consecuencias que estos cambios podrían tener.

“Lo que se ve allá afuera (con las fallas) es el pago a suplidores, pero eso tan solo es la punta del iceberg. Esto va a requerir recrear la contabilidad de este año fiscal. Hay muchas cosas que se pueden estar desembolsando y no se categorizan bien en el objeto de gastos, así que pone en riesgo la emisión de estados financieros de este año”, dijo.

Indicó que, en términos del módulo de compras, la ASG estaba convencida de que no estaba listo y configurado para utilizarse, pero que, sin embargo, fue encendido en el Departamento de Educación, agencia que tiene hasta un 90% menos en adquisiciones comparados con los datos para la misma fecha en el año pasado.

“¿Qué significa esto? Que posiblemente no están llegando los recursos a los salones de clases, a las escuelas, al mismo Educación central, para poder operar de manera certera", dijo la administradora de la ASG, quien alertó que el módulo no se configuró para hacer transferencias interagenciales ni para manejar ingresos propios.

“También tenemos el Departamento de Agricultura con el pago de los agricultores que proveen alimentos para servicios escolares y, sucesivamente, así un montón de issues que fueron levantándose poco a poco. En el caso de lo que nos trae aquí del pago a los suplidores, el problema, particularmente en ese punto principal, fue la conversión de datos, que cuando se pasó de un sistema a otro se dio un orden que nosotros advertimos que no era el adecuado”, dijo Mercado Rivera en la audiencia.

“Nosotros somos los responsables de pagar el combustible del gobierno de Puerto Rico, y como esa es una cuenta que tiene unas particularidades, y ahora mismo no podemos hacerlo, no podemos pagar la gasolina de los vehículos oficiales... y eso puede afectar los servicios (en el gobierno)”, indicó la funcionaria, quien urgió cambios.

Mercado Rivera indicó que el gobierno destina aproximadamente $28 millones anuales a la compra de combustible. Sin embargo, las dificultades que enfrenta el sistema ERP han retrasado el procesamiento de facturas y los desembolsos correspondientes, por lo que la ASG ha tenido que recurrir a sus recursos, que son limitados, ara mantener al día los pagos correspondientes.

La funcionaria advirtió que diciembre podría marcar un punto crítico si para entonces no se corrigen las deficiencias del sistema. Esto se debe a que la agencia estaría cerca de agotar los fondos propios que ha utilizado para cubrir las obligaciones pendientes. Además, ese mes se cumple el plazo de 90 días que tiene el suplidor de combustible, TotalEnergies, para el pago de sus facturas, un periodo que hasta ahora le ha permitido al gobierno contar con un margen adicional para atender los desembolsos.

En ese contexto, Mercado Rivera comentó que, de momento, en la ASG “tenemos al día las cuentas porque tenemos reservas del año (fiscal) anterior, pero ya en diciembre (próximo) nos quedamos sin dinero para pagar... y eso nosotros se lo tenemos que facturar a las agencias para poder ingresar fondos propios”.

Para ilustrar el impacto de las fallas del sistema, Mercado Rivera presentó cifras del Departamento de Educación que reflejan una marcada disminución en el procesamiento de órdenes de compra. Al 9 de noviembre, la agencia había completado 2,294 órdenes durante el año fiscal en curso, en contraste con las 25,738 registradas para el mismo periodo del año fiscal anterior. La diferencia equivale a una reducción del 91%, según los datos de ASG.

La administradora de la ASG también señaló que, durante las etapas de desarrollo e implementación del ERP, tanto su agencia como otras dependencias gubernamentales habían advertido que la plataforma no estaba preparada para entrar en funcionamiento. No obstante, sostuvo que existían instrucciones específicas de la entonces subsecretaria de la Gobernación, Itza García, para poner el sistema en marcha.

“En cierta manera se minimizó esas configuraciones necesarias en lo que iba a ser la implementación. Para mí el ERP es la espina dorsal de tener una salud fiscal buena, de poder emitir estados financieros. No entiendo que la solución sea apagarla”, concluyó Mercado Rivera en la vista, en respuesta a preguntas de los senadores.

Al inicio de la audiencia, Ríos Santiago advirtió sobre las consecuencias que las dificultades del ERP continúan teniendo para contratistas y proveedores de servicios esenciales. Explicó que la plataforma es responsable de registrar presupuestos, tramitar facturas y procesar pagos. “Si el sistema no funciona, el gobierno no paga”, expresó.

Aclaró que el propósito de la investigación, realizada al amparo de la Resolución del Senado 429, no es cancelar el contrato ni descontinuar la plataforma tecnológica, sino identificar soluciones. “Aquí no estamos buscando la cancelación de un contrato ni del sistema. Aquí lo que buscamos es resolverle a la gente”, sostuvo el senador.

Ríos Santiago informó, además, que la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) aprobó una solicitud de $9 millones para atender pagos pendientes a transportistas escolares, cuyo trámite continuaría ante la Junta de Supervisión Fiscal (JSF). El legislador destacó la importancia de esta gestión para atender los reclamos de los proveedores afectados.

Durante su comparecencia, el principal oficial de Deloitte Consulting LLP, Ángel Quiñones Cardona, defendió la implementación de IntegraPR y sostuvo que las principales dificultades surgidas tras su entrada en funcionamiento responden a problemas relacionados con la conversión de datos y el uso del sistema por parte de las agencias, y no a fallas críticas de configuración.

En un comunicado de prensa del Senado, que recoge declaraciones atribuidas a la empresa, se indica que, desde julio de 2026 la plataforma ha procesado 80,692 facturas, con pagos que ascienden a aproximadamente $5,950 millones a más de 7,000 suplidores. En el caso de Educación, se precisó que se han pagado, presuntamente, 33,735 facturas por unos $353.8 millones, aunque se reconoció que permanecen 2,373 facturas de transportación, por $7.4 millones, sin pagar en su totalidad.