A casi una década de la imposición de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), juristas desglosaron este sábado los efectos de la ley Promesa en menoscabo de la Constitución y las tres ramas del gobierno de Puerto Rico mediante un organismo que ya ha objetado 10 estatutos locales y paralizado otras decenas de proyectos, entorpeciendo el trabajo de la Asamblea Legislativa y demostrando una vez más, a juicio de los expertos, el poder colonial de Estados Unidos sobre el archipiélago.

“Para los defensores de la autonomía, esas realidades deben obligarnos a repensar con rigor y honestidad intelectual la necesidad imperiosa de una arquitectura de gobierno propio fuera del marco territorial. Promesa no solo expone los límites del status político, sino que también demuestra que la lógica colonial continúa siendo el principio rector entre la relación política entre Puerto Rico y Estados Unidos“, acentuó el constitucionalista Carlos E. Ramos González, desde el anfiteatro de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico (UPR).

En la misma línea, el juez asociado del Tribunal Supremo Rafael Martínez Torres retrató el “defecto” de la JSF sobre la jurisdicción y la función adjudicativa de las cortes locales mediante la “paralización automática de litigios”.

“Los tribunales de Puerto Rico están impedidos de atender las controversias relativas al presupuesto general, reestructuración de deuda y validez de leyes fiscales, pues estas se tienen que ventilar fuera de su jurisdicción ante un foro federal. Esto nos enfrenta a la realidad práctica de que una determinación del Tribunal Supremo de Puerto Rico puede no ser ejecutable, aunque no haya sido revocada ni revisada por el Supremo Federal”, acotó Martínez Torres.

El intercambio formó parte de un panel titulado “Autonomía política y gobernanza bajo la Junta de Supervisión Fiscal”, moderado por el periodista Benjamín Torres Gotay, de El Nuevo Día, y organizado por la Revista Jurídica de la UPR.

“¿Podría la Junta consolidarse como una presencia permanente en la gobernanza de Puerto Rico?”, preguntó la estudiante Alondra de la Cruz Paulino a los participantes del panel.

“Mínimamente, podemos estar hablando de una década más por la respuesta a esos requisitos”, respondió el exrepresentante José Bernardo Márquez, al referirse a condiciones, por ejemplo, que el gobierno de Puerto Rico debe cumplir con cuatro presupuestos fiscales consecutivos para poder salir de la JSF.

Agregó que la salida dependerá de la voluntad del Congreso y del “nivel de fiscalización” a la ley Promesa, que, según el abogado, ha sido “demasiado deferente y tímida” por parte de las últimas administraciones. No obstante, reconoció legisladores que han buscado, en la capital federal, que se reduzcan los requisitos mediante legislación, una de las promesas de campaña incumplidas del expresidente Joe Biden, quien también estuvo en la Casa Blanca, como vicepresidente, cuando Barack Obama firmó el estatuto el 30 de junio de 2016.

“Promesa alteró la Constitución de Puerto Rico sin enmendarla formalmente. Aunque esa ley no la modifica la Constitución de 1952 (Estado Libre Asociado) ni la Ley de Relaciones Federales, modifica profundamente el funcionamiento de las tres ramas de gobierno”, sostuvo, por su parte, Ramos González.

Márquez precisó que la JSF ha realizado 10 impugnaciones de leyes por la vía judicial: seis en 2019, una en 2020, una en 2021, una en 2022 y otra en 2024. Todas han sido ganadas por el ente.

Desde 2020, agregó, el organismo ha objetado, al menos, 62 “medidas legislativas en trámite”, en su mayoría proyectos relacionados con derechos, beneficios y retiro de empleados públicos (16) y administración pública (14). Además, ha impactado otras 18 leyes por la vía extrajudicial.

“Tan reciente como hace un mes, el director de la JSF (Robert F. Mujica) mencionó que el presupuesto corriente ‘pareciera’ estar balanceado y sería el primero de cuatro. El hecho de que le coloque una duda al decir que ‘pareciera’ demuestra que han sido muy cautelosos en activar los requisitos”, dijo el exlegislador del Movimiento Victoria Ciudadana.

A preguntas de Torres Gotay, Márquez señaló que “hay una voluntad (de la JSF) de permanecer”, y reconoció la incertidumbre que provoca el ente en el trabajo legislativo. No obstaste, destacó –a pesar de haberle votado en contra– los beneficios de la implantación de la Oficina Presupuesto de la Asamblea Legislativa para tener personal técnico en el Capitolio.

“Creo que esa herramienta, pues, llegó tarde. Pero es también una manera, quizás, de anunciar que el gobierno de Puerto Rico está haciendo las modificaciones estructurales para, en efecto, que la Junta pueda salir”, comentó.

Ramos González tildó de “alarmante e inaceptable” que, después de 10 años, personas defiendan la imposición de la JSF y su alcance territorial

“Sin duda, hemos administrado mal, pero hay que preguntarse por qué hemos administrado mal, porque personas eficientes hemos tenido. Creo que hemos tenido un problema bien serio colonial que no hemos querido... No podemos ser tutelados toda la vida”, sentenció el profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Interamericana.

A sus planteamientos, se unió el juez asociado Martínez Torres, quien planteó que los “argumentos utilitarios” de la imposición JSF, como culminar con la quiebra, no justifican el “retroceso” que el organismo representa en la búsqueda de un autogobierno para Puerto Rico en sus últimos 500 años de historia.