Un gran jurado acusó a tres individuos que presuntamente adquirieron armas de fuego y municiones de comerciantes con licencia federal para luego revenderlas sin contar con las licencias requeridas por ley.

Los acusados —identificados como Jean Paul Rivera Vega, Christian Sebastián García de Jesús y Misael Costales Soto— enfrentan cargos por conspiración para participar en el tráfico ilegal de armas, dedicarse al negocio de compraventa sin licencia y, en el caso de Costales-Soto, por realizar declaraciones falsas durante la compra de un arma.

El pliego sostiene que los acusados, supuestamente, conspiraron y acordaron, de manera consciente y deliberada, dedicarse al negocio de la compraventa sin contar con la autorización correspondiente. Los actos supuestamente habrían ocurrido desde una fecha desconocida, pero no más tarde del 18 de septiembre de 2025.

Los comercios a los que les compraron las armas y las municiones tenían licencia federal (FFL), bajo las disposiciones del Capítulo 44 del Título 18.

Los individuos habrían dicho falsamente que eran los compradores reales de las armas.

La Fiscalía federal resaltó, en declaraciones escritas, que Rivera Vega supuestamente vendió armas a otras personas con fines de lucro, incluido García de Jesús, quien no estaba autorizado a comprarlas o poseerlas porque no contaba con una licencia válida emitida por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

Igualmente, García de Jesús, presuntamente, revendió las armas y municiones a personas no identificadas.

Según la Fiscalía federal, los tres acusados negociaron entre sí las ventas y transferencias, principalmente mediante mensajes, videos y grabaciones de audio en la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp.

Entre abril y diciembre de 2025, Rivera Vega compró 144 armas a comerciantes con licencia federal y mediante ventas privadas. De estas, aproximadamente 16 han sido recuperadas. Se desconoce el paradero de las 128 restantes.

Entre diciembre de 2025 y julio de 2026, Costales Soto compró aproximadamente 24 armas a comerciantes con licencia federal y mediante ventas privadas. De estas, aproximadamente cuatro han sido recuperadas. Se desconoce el paradero de las 20 restantes. La investigación continúa.

De ser declarados culpables, los acusados enfrentan una pena máxima de cinco años de prisión por los cargos relacionados con el tráfico de armas y de diez años por el cargo de declaraciones falsas.

“Esta acusación representa un paso significativo en nuestros esfuerzos para combatir el tráfico de armas de fuego en Puerto Rico”, dijo el fiscal federal interino Héctor Ramírez Carbó. “Continuaremos investigando y procesando a cualquier persona involucrada en la venta de armas sin licencia, una actividad que con demasiada frecuencia facilita la comisión de delitos violentos en nuestras comunidades. Este esfuerzo colaborativo fortalece nuestra estrategia para prevenir el crimen violento al detener a quienes ponen armas en manos de delincuentes”, agregó.

La Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) está a cargo de la investigación.

Los fiscales federales auxiliares Evangeline A. Dech y Pedro Casablanca, de la Sección de Delitos Violentos, están a cargo del procesamiento del caso.