Un gran jurado emitió una acusación contra Ramón Plaza Gregory, Ileana Cortés González y Mo-Na-Co Biomedical & Environmental Corp. (Monaco) por cinco violaciones de la Ley de Aire Limpio, así como por, presuntamente, conspirar para violar el mencionado estatuto.

Así lo confirmó este viernes la Fiscalía federal en Puerto Rico, al detallar que los cargos se relacionan con emisiones provenientes del incinerador comercial de Monaco en Aguadilla, que es propiedad de Plaza Gregory y que es operado tanto por él como por Cortés González.

Según la acusación federal, Monaco contaba con permiso para incinerar desechos patológicos, sujeto a limitaciones sobre el tipo de materiales que podían quemarse y la cantidad de emisiones permitidas.

No obstante, a partir de agosto de 2021, Plaza Gregory y Cortés González presuntamente quemaron materiales no autorizados, usaron equipos defectuosos y excedieron los límites de emisiones.

La acusación también sostiene que, luego de que un inspector de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) les notificó sobre las violaciones, Plaza Gregory habría comenzado a operar el incinerador durante fines de semana y días festivos.

Asimismo, el pliego sostiene que los acusados habrían continuado operando el incinerador ilegalmente y que se documentaron nuevamente excesos de emisiones en julio de 2024.

Según el pliego, en septiembre de 2024 el permiso de emisiones de Monaco expiró y no fue renovado; aun así, los acusados presuntamente continuaron operando el incinerador durante fines de semana y generando emisiones hasta al menos abril de 2026.

Tanto Plaza Gregory como Cortés González tienen programadas sus comparecencias iniciales ante el magistrado Héctor Ramos Vega.

Los acusados deberán enfrentar un proceso judicial y, en caso de ser hallados culpables, se exponen a una pena máxima de cinco años de prisión y multas de hasta $250,000 por cada cargo. Monaco, por su parte, enfrenta multas de hasta $500,000 por cada cargo.

No obstante, esta acusación formal es meramente una alegación y todos los acusados se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de duda razonable en el Tribunal federal en la isla.

La Fiscalía federal destacó que este tipo de casos refuerza su compromiso ambiental.

“Garantizar que todos los residentes de Puerto Rico disfruten de un ambiente saludable, libre de desechos peligrosos y otros contaminantes, es una prioridad principal de la Fiscalía Federal, el Departamento de Justicia y nuestros socios federales y locales”, expresó el jefe de la Fiscalía federal en la isla, William Stephen Muldrow. “Seguimos comprometidos con la protección de nuestras comunidades frente a riesgos ambientales y de salud”.

Asimismo, Adam Gustafson, principal subprocurador general adjunto de la División de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Departamento de Justicia federal, indicó que “la Ley de Aire Limpio es una pieza fundamental de la legislación ambiental estadounidense, y cuando sus directrices claras son ignoradas, estamos comprometidos a hacerla cumplir”.

La Ley de Aire Limpio constituye el principal instrumento de Estados Unidos para combatir la contaminación atmosférica, con el fin de proteger y mejorar la calidad del aire y salvaguardar la salud pública.

Para ello, requiere que las instalaciones contaminantes operen conforme a permisos que fijan límites sobre el tipo y la cantidad de emisiones autorizadas.

“Las acciones de cumplimiento basadas en el sentido común ayudarán a mantener saludables a nuestras comunidades”, enfatizó Gustafson.

De igual forma, el agente especial a cargo del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) en la isla, Carlos R. Goris, añadió que “los delitos ambientales no son abstractos ni carecen de víctimas: afectan la salud, la seguridad y la calidad de vida de nuestras comunidades”. “El FBI está comprometido a trabajar con nuestros socios para investigar estas violaciones y asegurar que los responsables rindan cuentas”, dijo.

Finalmente, Jeffrey A. Hall, administrador adjunto de Cumplimiento y Garantía de la EPA, indicó que “Monaco violó deliberadamente su permiso bajo la Ley de Aire Limpio primero al quemar desechos biomédicos y, una vez que su permiso expiró por completo, al continuar quemando desechos patológicos como cadáveres de animales”. “No hay forma de saber qué contaminación dañina se emitió como resultado de una incineración inadecuada e incompleta”, comentó Hall.

“El presidente de la empresa ocultó deliberadamente estas violaciones al no registrar información básica sobre lo que se estaba quemando, al no mantener siquiera un medidor de temperatura funcional y al operar durante fines de semana y días festivos. La protección ambiental depende de que las empresas intenten cumplir con la ley de buena fe, y estas violaciones conscientes y repetidas, así como la evasión intencional de los requisitos de la Ley de Aire Limpio, justifican sanciones penales”, puntualizó Hall.

Este caso fue investigado por la División de Investigación Criminal de la EPA y el FBI en Aguadilla, que participan en el Grupo de Trabajo de Delitos Ambientales de Puerto Rico y las Islas Vírgenes.

El caso está siendo procesado por el fiscal federal senior Patrick M. Duggan de la Sección de Delitos Ambientales, junto al fiscal auxiliar federal Seth A. Erbe para el Distrito de Puerto Rico.

De otro lado, la Fiscalía federal informó que, para reportar posibles violaciones de leyes y regulaciones ambientales, los ciudadanos deben visitar epa.gov/tips. En dicha página web pueden proporcionar información de manera anónima si no desea identificarse.