


Cuando la administración de Barack Obama y legisladores de los partidos principals de Estados Unidos aprobaron el Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act (PROMESA), esperaban que fuera una medida extraordinaria y temporal que no solo ayudara a encaminar la quiebra de Puerto Rico, sino que también impulsara reformas para colocar a la isla en una ruta de prosperidad económica. Diez años después de su aprobación, y al cumplirse una década del nombramiento de los primeros miembros de la Junta de Supervisión y Administración Financiera, pocos hubieran imaginado que esta seguiría vigente, sin un final claro para su mandato.

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